¿Tiene que pagar la ciudadanía las deudas de sus políticos?

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Este artículo fue publicado en dos partes en United Explanations el 11 y 12 de diciembre:

 

El concepto de deuda odiosa y sus antecedentes

La deuda ilegítima u odiosa es una noción de Derecho internacional que últimamente hemos visto relacionada con la situación financiera de España y en general, de los países de Europa más endeudados como Irlanda, Grecia y Portugal. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Se trata de una teoría jurídica que sostiene que la deuda nacional en la que incurre un régimen para propósitos contrarios a los intereses de la propia nación y sus ciudadanos, no debería ser exigible. De acuerdo con esta doctrina, una deuda considerada ilegítima sólo se podría requerir de manera personal a quien la contrajo, y por tanto, el estado que representase no tendría que hacerse responsable de la misma. En estos casos, se considera que los prestatarios han actuado de mala voluntad y a sabiendas del daño ocasionado, lo cual es suficiente para que estos contratos sean nulos legalmente.

Alexander Sack fue el encargado de formalizar esta teoría, y resumió las 3 particularidades que nos sirven para identificar una deuda odiosa:

  • El gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos.
  • El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo.
  • Aunque el prestamista está informado de la situación descrita en los puntos anteriores concede el préstamo -normalmente por el alto interés que recibirá-.

Esta doctrina ha sido utilizada como herramienta económica y política en multitud de ocasiones a lo largo de la historia, aunque como veremos, aplicada con distinta fortuna y de desigual manera en función de la posición de la nación que intenta hacer uso de la misma.

Mapa porcentaje deuda pública sobre el PIB, datos 2007 [Fuente: Wikipedia]

Mapa porcentaje deuda pública sobre el PIB, datos 2007 [Fuente: Wikipedia]

Veamos algunos ejemplos de deuda odiosa

Se tiene constancia de numerosas anulaciones generalizadas de deuda en Mesopotamia desde el milenio III a.C. La piedra de Rosetta refleja que también el Egipto de los faraones tenía por tradición liberar al pueblo de sus deudas. Estas políticas solían aplicarse en respuesta al excesivo poder de los acreedores, derivado de intereses desproporcionados y condiciones abusivas. Ocasiones en las que la devolución de la deuda se consideraba imposible en la práctica, no sólo por tratarse de cantidades desmedidas, sino porque su devolución habría generado una merma importante en el capital humano y productivo de la población que afronta estas deudas. Así que muchas de estas condonaciones eran producto de la necesidad que los gobernantes tenían de disponer de su pueblo en plenas condiciones para, por ejemplo, recaudar impuestos o reclutar soldados.

Ya en el s. XIX, José de San Martín proclamó que el pueblo del Perú no debía de pagar su deuda colonial, cuyos fondos fueron usados para apoyar al Virreinato y en contra de sus habitantes. Pedro I de Brasil (posteriormente IV de Portugal) en 1832 se negó a pagar la deuda en la que incurrió su hermano Miguel de Braganza con banqueros extranjeros siendo este último rey de Portugal, aludiendo a que los acreedores sabían que Miguel no era el heredero legítimo. Sucesos similares se dieron en México (1867) con la deuda contraída por el rey Maximiliano I, en Cuba (1898) con la deuda contraída con España, o en Costa Rica (1923) con la deuda en la que incurre su presidente Tinoco Granados; todas estas obligaciones fueron impagadas por servir a los intereses personales de sus gobernantes en lugar de a los intereses de la nación.

Acuerdos Londres

Acuerdo de Londres sobre la deuda alemana en 1953
[Fuente: Wikipedia]

La quita de deuda más famosa realizada en Europa la llevaron a cabo Estados Unidos, Reino Unido y Francia a la República Federal Alemana (RFA) por la deuda generada en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Las deudas privadas de la RFA se redujeron en un 62% tal y como se acordó en Londres en 1953. 

En lo que llevamos de siglo ya hemos presenciado algún que otro caso. Argentina tras el corralito en 2001, ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda externa, abrió una investigación que concluyó que su sistema financiero fue manipulado por determinados bancos extranjeros y multinacionales, entre otras cosas, para lavar dinero y saquear recursos y activos. Esta investigación derivó en la mayor suspensión de pagos de un Estado en la historia y la renegociación de las condiciones de pago.

Estados Unidos forzó a Francia y Rusia en 2003 a admitir una reducción del 80% de la deuda iraquí, de la cual eran sus principales acreedores, con la condición de estos de que no fuese nombrado el concepto de deuda odiosa. Este dato nos da una idea del temor que tienen muchos estados acreedores a que se popularice este concepto.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa [Fuente: Wikipedia]

El presidente de Ecuador, Rafael Correa [Fuente: Wikipedia]

En Ecuador en 2008, al principio de la presidencia de Correa y tras destinar más del 50% de los recursos del estado al pago de la deuda externa, se hizo un estudio pormenorizado de su procedencia, concluyendo que gran parte de la misma era ilegítima. Se anunció una quita del 70% en bonos de deuda pública, y los mercados acreedores respondieron vendiendo estos títulos a precios muy por debajo de su valor. El gobierno de Correa aprovechó para comprar en secreto parte de estos bonos, lo que le sirvió para reducir considerablemente su deuda real y los intereses a pagar a futuro. 

El caso más reciente se dio en Haití, como consecuencia del terremoto de 2010. La comunidad internacional condonó la enorme deuda externa ante la imposibilidad de recuperar la suma prestada, ya que además se dispuso para el enriquecimiento personal de la familia Duvalier.

Hay que tener en cuenta que, por regla general, la nación que decide condenar una deuda unilateralmente, sufre a cambio en mayor o menor medida un cierto aislamiento internacional como forma de presión, al menos en un primer momento. Pero esta medida sólo se suele poner en práctica en casos extremos de corrupción o de imposibilidad de pago, por lo que, una vez aceptado que la nación prestataria no va a poder afrontar la devolución, los acreedores internacionales intentarán llegar a un acuerdo para recuperar la parte que se haya renegociado devolver. Algunos de los casos anteriores se llevaron a cabo sin apenas respaldo exterior, y en todo caso, ha resultado en un tremendo alivio para las finanzas del estado.

Se suele comparar la doctrina de la deuda ilegítima con el concepto de nulidad de los contratos firmados bajo coacción, ya que en ambos casos, el ciudadano y la nación estarían indefensos antes los desmanes de aquella o aquellas personas que se aprovecharon de estos acuerdos.

Por supuesto, cuanto más favorable sea la posición de poder de una nación, más apoyo internacional recibirá para forzar o evitar una declaración de deuda odiosa. Existen también numerosos casos reclamados y no satisfechos de deuda odiosa. Muchas de estas reclamaciones proceden de países con regímenes totalitarios, -como el caso de Túnez contra los préstamos concedidos a Ben Alí durante los 23 años que estuvo en el poder, y cuyos fondos destinó a su enriquecimiento personal- o de un buen número de naciones del Tercer Mundo. Pero recientemente han surgido demandas de anulación de deuda desde países europeos como respuesta a las exigencias de austeridad a los estados por parte de organismos como el FMI y el BCE. Estos son los casos principalmente de Irlanda, Portugal, Grecia y España.

En estas naciones, organizaciones de todo tipo han solicitado la auditoría de los préstamos solicitados y total transparencia sobre la utilización de estos fondos, así como la declaración de toda deuda que cumpla las condiciones antes enunciadas, como odiosa. Esta opción se propone como alternativa a los recortes draconianos que continúan realizando los gobiernos de estos países con tal de no retrasarse en el pago de la deuda y sus intereses.

Soluciones ante el descontrol de la deuda española

Protestas solicitando un referéndum para esclarecer la deuda odiosa [Fuente: spainrevolution.com]

Protestas solicitando un referéndum para esclarecer la deuda odiosa [Fuente: spainrevolution.com]

En el caso de España, la ciudadanía ha considerado especialmente injusto el despilfarro del que han hecho gala muchos políticos a la hora de gestionar el erario público. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el tratamiento que ha dado el gobierno a ciertas deudas privadas, especialmente la de las cajas de ahorro y entidades bancarias, que han sido “rescatadas”, o lo que es lo mismo, el estado ha intervenido con dinero público para evitar su quiebra.

Y no es de extrañar el descontento generalizado, ya que desde el punto de vista económico, la aplicación de este tipo de inyecciones de capital público se puede entender como una especie de socialismo para banqueros fracasados. Una nacionalización de la banca, pero sin que pase a pertenecer al estado el ente adquirido, quedando en las mismas manos que provocaron el descalabro. Se socializan las pérdidas de entidades cuyos beneficios en épocas mejores engordaron los bolsillos de sus accionistas.
[Fuente: Gurusblog]

[Fuente: Gurusblog]

Esta opinión ha salido reforzada al conocer que buena parte de los supuestos préstamos directos (hasta el momento, 36.000 millones de euros de un total de 52.000, o 59.000 según otros cálculos) se han entregado a la banca a fondo perdido, es decir, jamás va a retornar a las arcas públicas.

Además de estos rescates, el importe total de las ayudas a la banca no estaría del todo claro (hay un baile de números considerable dependiendo de la fuente), debido en buena parte al ocultismo del gobierno y lo enrevesado de algunas fórmulas de rescate. Como dato, un informe del FMI de julio de este año cifra el total de ayudas del estado español al sector bancario en 246.000 millones de euros desde el 2009 (aunque también existen cálculos mucho más abultados). Es difícil saber qué cantidad de estas ayudas se convierte en deuda pública, pero algunos análisis consideran que, hasta el momento, puede alcanzar la suma de 138.000 millones, equivalente a un 13% del PIB nacional.

El condescendiente trato brindado por el gobierno al sobre-endeudamiento del sector bancario, contrasta con la dureza que emplean las fuerzas de seguridad del estado cuando los entes rescatados hacen efectivas las cláusulas hipotecarias en respuesta a los impagos.El drama de los desahucios no es uno de tantos, ya que afecta de manera negativa y muy directa a la percepción ciudadana de las políticas del gobierno, puesto que el actor principal (la banca) es el mismo que ha recibido ingentes cantidades de dinero público sin el consentimiento de los ciudadanos.

La clase política española ha jugado un papel fundamental en el derroche que ha llevado a la economía al punto donde está. En España la deuda privada supera con mucho margen a la pública. El problema es que buena parte de esta deuda privada pertenece a las cajas de ahorros. Y las
cajas han sido instrumentos financieros manejados a su antojo por políticos y caciques locales, financiando proyectos nefastos e imposibles que han provocado enormes agujeros en los presupuestos públicos.


Encontramos ejemplos de este tipo de megaproyectos fracasados en prácticamente todas las regiones del país: el aeropuerto de Castellón, la “ciudad fantasma” de Seseña, las numerosas y
arruinadas construcciones de Calatrava
, la expo del agua en Zaragoza, el circuito de Fórmula 1 de Valencia, la celebración de la Copa América, la Caja Mágica, las candidaturas olímpicas de la ciudad de Madrid… y estos son sólo algunos de los ejemplos de despilfarro más mediáticos por sus dimensiones económicas y sociales. En la wiki del movimiento 15M, podemos encontrar una recopilación de otros muchos gastos innecesarios y excesivos. Algunas de estas obras faraónicas además están relacionadas con tramas de corrupción, como es el caso del pabellón Palma Arena.

El (des)control de las cajas, el boom de la construcción y las redes clientelares regionales han creado un caldo de cultivo perfecto para la generalización de la corrupción política y empresarial. Estas redes han sido decisivas a la hora de dilatar la burbuja inmobiliaria y forzar su pinchazo.

[Fuente: eduardogarzon.net]

[Fuente: eduardogarzon.net]

Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿cumple España con los 3 condicionantes necesarios para declarar su deuda ilegitima?

La economía española ha basado su crecimiento durante su “época dorada” en aumentar descontroladamente su nivel de deuda. Muchos de los ejemplos de gasto desmedido enumerados anteriormente cuadran fácilmente y sin mayor análisis con los requisitos para considerar su financiación ilegítima. Ni respondían a una necesidad, ni se llevaron a cabo con la aprobación de quien finalmente ha soportado los costes, la ciudadanía

Los acreedores de la deuda pública, en un 95% entidades financieras nacionales y extranjeras, eran conscientes del estado de endeudamiento de las administraciones prestatarias y del uso que se iba a hacer de estos fondos. Además hay que tener en cuenta que el dinero prestado por estas entidades, lo han recibido a su vez del BCE, un organismo público, con tipos de interés extremadamente favorables.

Entre tanto, las arcas españolas han presupuestado para 2014 el pago de 37.000 millones de euros tan solo para liquidar intereses de deuda pública. Una deuda que alcanzará el 100% del PIB el año próximo (máximos históricos), en gran medida gracias al traspaso de deuda privada a deuda pública llevada a cabo por los gobiernos de Zapatero y Rajoy (en 2007 estaba en torno al 44%).

¿Qué hacemos?

El libro recientemente publicado “¿Qué hacemos con la deuda?”, nos ayuda a comprender el escenario real de crisis de deuda y las posibles soluciones a adoptar. En una interesante entrevista, Bibiana Medialdea, economista y coautora de este trabajo, defiende una auditoría ciudadana pormenorizada que nos permita diferenciar con la mayor exactitud posible la cantidad de deuda pública que se puede considerar odiosa. Aunque la casuística en este tipo de procesos es muy variada, según podemos leer en la entrevista, tendríamos algunas características comunes a todos ellos. En primer lugar, aunque resulte obvio, si se habla de impago, es porque la parte deudora no puede pagar.

Por otro lado, en función del acuerdo al que se llegue, el resultado del impago puede ser muy diferente. Y finalmente, como puntualizábamos en la primera parte del artículo, la correlación de fuerzas entre estados va a ser determinante en el reparto de pérdidas.
Comedor popular “Er Banco Güeno” situado en una antigua entidad financiera  [Fuente: anticapitalistes.net]

Comedor popular “Er Banco Güeno” situado en una antigua entidad financiera
[Fuente: anticapitalistes.net]

Una crisis de deuda siempre implica algún tipo de impago, por lo que aquello que estaría por decidir no es si se impaga o no, si no cómo se reparten las consecuencias de esas quitas. Además de auditorías a todos los niveles (desde local a nacional) que favorezcan una quita de deuda, Medialdea considera esencial una revisión de las políticas económicas emprendidas para salvar esta situación. El gobierno español ha centrado sus esfuerzos en cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la troika y en conservar los beneficios (o evitar las pérdidas) de las grandes corporaciones, en detrimento de los servicios sociales básicos y el crecimiento económico basado en la intervención del estado para fomentar la creación de empleo. Esta decisión nos ha sumergido en un bache económico aún más profundo, a la vez que ha despojado a la ciudadanía de su capacidad de decisión.

Aunque hubiese una voluntad política, los elevados niveles de deuda limitan considerablemente los alcances de las políticas económicas destinadas a la recuperación. Por esta razón, cada vez son más los agentes sociales que reclaman una auditoría ciudadana en España como la solución más justa. Movimientos ciudadanos de todo tipo, como ATTAC, 15MpaRato o la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, así como algunas organizaciones políticas, como Izquierda Unida o Compromís se han mostrado favorables a esta alternativa, y en muchos casos continúan presionando
para auditar la deuda pública y renegociar lo que corresponda. En el trasfondo de esta discusión está la cuestión de hasta qué punto las obligaciones de deudas contraídas por un estado han de ponerse por encima de la soberanía de su pueblo y el bienestar de las personas. Los ciudadanos deberíamos poder ser partícipes de las decisiones de gasto público, puesto que la administración del mismo representa una parte importante de la soberanía de la que
supuestamente disfrutamos.


Foto de portada: War of wealth bank run [Fuente: Wikipedia]