¿Tiene que pagar la ciudadanía las deudas de sus políticos?

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Este artículo fue publicado en dos partes en United Explanations el 11 y 12 de diciembre:

 

El concepto de deuda odiosa y sus antecedentes

La deuda ilegítima u odiosa es una noción de Derecho internacional que últimamente hemos visto relacionada con la situación financiera de España y en general, de los países de Europa más endeudados como Irlanda, Grecia y Portugal. Pero, ¿en qué consiste exactamente?

Se trata de una teoría jurídica que sostiene que la deuda nacional en la que incurre un régimen para propósitos contrarios a los intereses de la propia nación y sus ciudadanos, no debería ser exigible. De acuerdo con esta doctrina, una deuda considerada ilegítima sólo se podría requerir de manera personal a quien la contrajo, y por tanto, el estado que representase no tendría que hacerse responsable de la misma. En estos casos, se considera que los prestatarios han actuado de mala voluntad y a sabiendas del daño ocasionado, lo cual es suficiente para que estos contratos sean nulos legalmente.

Alexander Sack fue el encargado de formalizar esta teoría, y resumió las 3 particularidades que nos sirven para identificar una deuda odiosa:

  • El gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos.
  • El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo.
  • Aunque el prestamista está informado de la situación descrita en los puntos anteriores concede el préstamo -normalmente por el alto interés que recibirá-.

Esta doctrina ha sido utilizada como herramienta económica y política en multitud de ocasiones a lo largo de la historia, aunque como veremos, aplicada con distinta fortuna y de desigual manera en función de la posición de la nación que intenta hacer uso de la misma.

Mapa porcentaje deuda pública sobre el PIB, datos 2007 [Fuente: Wikipedia]

Mapa porcentaje deuda pública sobre el PIB, datos 2007 [Fuente: Wikipedia]

Veamos algunos ejemplos de deuda odiosa

Se tiene constancia de numerosas anulaciones generalizadas de deuda en Mesopotamia desde el milenio III a.C. La piedra de Rosetta refleja que también el Egipto de los faraones tenía por tradición liberar al pueblo de sus deudas. Estas políticas solían aplicarse en respuesta al excesivo poder de los acreedores, derivado de intereses desproporcionados y condiciones abusivas. Ocasiones en las que la devolución de la deuda se consideraba imposible en la práctica, no sólo por tratarse de cantidades desmedidas, sino porque su devolución habría generado una merma importante en el capital humano y productivo de la población que afronta estas deudas. Así que muchas de estas condonaciones eran producto de la necesidad que los gobernantes tenían de disponer de su pueblo en plenas condiciones para, por ejemplo, recaudar impuestos o reclutar soldados.

Ya en el s. XIX, José de San Martín proclamó que el pueblo del Perú no debía de pagar su deuda colonial, cuyos fondos fueron usados para apoyar al Virreinato y en contra de sus habitantes. Pedro I de Brasil (posteriormente IV de Portugal) en 1832 se negó a pagar la deuda en la que incurrió su hermano Miguel de Braganza con banqueros extranjeros siendo este último rey de Portugal, aludiendo a que los acreedores sabían que Miguel no era el heredero legítimo. Sucesos similares se dieron en México (1867) con la deuda contraída por el rey Maximiliano I, en Cuba (1898) con la deuda contraída con España, o en Costa Rica (1923) con la deuda en la que incurre su presidente Tinoco Granados; todas estas obligaciones fueron impagadas por servir a los intereses personales de sus gobernantes en lugar de a los intereses de la nación.

Acuerdos Londres

Acuerdo de Londres sobre la deuda alemana en 1953
[Fuente: Wikipedia]

La quita de deuda más famosa realizada en Europa la llevaron a cabo Estados Unidos, Reino Unido y Francia a la República Federal Alemana (RFA) por la deuda generada en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Las deudas privadas de la RFA se redujeron en un 62% tal y como se acordó en Londres en 1953. 

En lo que llevamos de siglo ya hemos presenciado algún que otro caso. Argentina tras el corralito en 2001, ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda externa, abrió una investigación que concluyó que su sistema financiero fue manipulado por determinados bancos extranjeros y multinacionales, entre otras cosas, para lavar dinero y saquear recursos y activos. Esta investigación derivó en la mayor suspensión de pagos de un Estado en la historia y la renegociación de las condiciones de pago.

Estados Unidos forzó a Francia y Rusia en 2003 a admitir una reducción del 80% de la deuda iraquí, de la cual eran sus principales acreedores, con la condición de estos de que no fuese nombrado el concepto de deuda odiosa. Este dato nos da una idea del temor que tienen muchos estados acreedores a que se popularice este concepto.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa [Fuente: Wikipedia]

El presidente de Ecuador, Rafael Correa [Fuente: Wikipedia]

En Ecuador en 2008, al principio de la presidencia de Correa y tras destinar más del 50% de los recursos del estado al pago de la deuda externa, se hizo un estudio pormenorizado de su procedencia, concluyendo que gran parte de la misma era ilegítima. Se anunció una quita del 70% en bonos de deuda pública, y los mercados acreedores respondieron vendiendo estos títulos a precios muy por debajo de su valor. El gobierno de Correa aprovechó para comprar en secreto parte de estos bonos, lo que le sirvió para reducir considerablemente su deuda real y los intereses a pagar a futuro. 

El caso más reciente se dio en Haití, como consecuencia del terremoto de 2010. La comunidad internacional condonó la enorme deuda externa ante la imposibilidad de recuperar la suma prestada, ya que además se dispuso para el enriquecimiento personal de la familia Duvalier.

Hay que tener en cuenta que, por regla general, la nación que decide condenar una deuda unilateralmente, sufre a cambio en mayor o menor medida un cierto aislamiento internacional como forma de presión, al menos en un primer momento. Pero esta medida sólo se suele poner en práctica en casos extremos de corrupción o de imposibilidad de pago, por lo que, una vez aceptado que la nación prestataria no va a poder afrontar la devolución, los acreedores internacionales intentarán llegar a un acuerdo para recuperar la parte que se haya renegociado devolver. Algunos de los casos anteriores se llevaron a cabo sin apenas respaldo exterior, y en todo caso, ha resultado en un tremendo alivio para las finanzas del estado.

Se suele comparar la doctrina de la deuda ilegítima con el concepto de nulidad de los contratos firmados bajo coacción, ya que en ambos casos, el ciudadano y la nación estarían indefensos antes los desmanes de aquella o aquellas personas que se aprovecharon de estos acuerdos.

Por supuesto, cuanto más favorable sea la posición de poder de una nación, más apoyo internacional recibirá para forzar o evitar una declaración de deuda odiosa. Existen también numerosos casos reclamados y no satisfechos de deuda odiosa. Muchas de estas reclamaciones proceden de países con regímenes totalitarios, -como el caso de Túnez contra los préstamos concedidos a Ben Alí durante los 23 años que estuvo en el poder, y cuyos fondos destinó a su enriquecimiento personal- o de un buen número de naciones del Tercer Mundo. Pero recientemente han surgido demandas de anulación de deuda desde países europeos como respuesta a las exigencias de austeridad a los estados por parte de organismos como el FMI y el BCE. Estos son los casos principalmente de Irlanda, Portugal, Grecia y España.

En estas naciones, organizaciones de todo tipo han solicitado la auditoría de los préstamos solicitados y total transparencia sobre la utilización de estos fondos, así como la declaración de toda deuda que cumpla las condiciones antes enunciadas, como odiosa. Esta opción se propone como alternativa a los recortes draconianos que continúan realizando los gobiernos de estos países con tal de no retrasarse en el pago de la deuda y sus intereses.

Soluciones ante el descontrol de la deuda española

Protestas solicitando un referéndum para esclarecer la deuda odiosa [Fuente: spainrevolution.com]

Protestas solicitando un referéndum para esclarecer la deuda odiosa [Fuente: spainrevolution.com]

En el caso de España, la ciudadanía ha considerado especialmente injusto el despilfarro del que han hecho gala muchos políticos a la hora de gestionar el erario público. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el tratamiento que ha dado el gobierno a ciertas deudas privadas, especialmente la de las cajas de ahorro y entidades bancarias, que han sido “rescatadas”, o lo que es lo mismo, el estado ha intervenido con dinero público para evitar su quiebra.

Y no es de extrañar el descontento generalizado, ya que desde el punto de vista económico, la aplicación de este tipo de inyecciones de capital público se puede entender como una especie de socialismo para banqueros fracasados. Una nacionalización de la banca, pero sin que pase a pertenecer al estado el ente adquirido, quedando en las mismas manos que provocaron el descalabro. Se socializan las pérdidas de entidades cuyos beneficios en épocas mejores engordaron los bolsillos de sus accionistas.
[Fuente: Gurusblog]

[Fuente: Gurusblog]

Esta opinión ha salido reforzada al conocer que buena parte de los supuestos préstamos directos (hasta el momento, 36.000 millones de euros de un total de 52.000, o 59.000 según otros cálculos) se han entregado a la banca a fondo perdido, es decir, jamás va a retornar a las arcas públicas.

Además de estos rescates, el importe total de las ayudas a la banca no estaría del todo claro (hay un baile de números considerable dependiendo de la fuente), debido en buena parte al ocultismo del gobierno y lo enrevesado de algunas fórmulas de rescate. Como dato, un informe del FMI de julio de este año cifra el total de ayudas del estado español al sector bancario en 246.000 millones de euros desde el 2009 (aunque también existen cálculos mucho más abultados). Es difícil saber qué cantidad de estas ayudas se convierte en deuda pública, pero algunos análisis consideran que, hasta el momento, puede alcanzar la suma de 138.000 millones, equivalente a un 13% del PIB nacional.

El condescendiente trato brindado por el gobierno al sobre-endeudamiento del sector bancario, contrasta con la dureza que emplean las fuerzas de seguridad del estado cuando los entes rescatados hacen efectivas las cláusulas hipotecarias en respuesta a los impagos.El drama de los desahucios no es uno de tantos, ya que afecta de manera negativa y muy directa a la percepción ciudadana de las políticas del gobierno, puesto que el actor principal (la banca) es el mismo que ha recibido ingentes cantidades de dinero público sin el consentimiento de los ciudadanos.

La clase política española ha jugado un papel fundamental en el derroche que ha llevado a la economía al punto donde está. En España la deuda privada supera con mucho margen a la pública. El problema es que buena parte de esta deuda privada pertenece a las cajas de ahorros. Y las
cajas han sido instrumentos financieros manejados a su antojo por políticos y caciques locales, financiando proyectos nefastos e imposibles que han provocado enormes agujeros en los presupuestos públicos.


Encontramos ejemplos de este tipo de megaproyectos fracasados en prácticamente todas las regiones del país: el aeropuerto de Castellón, la “ciudad fantasma” de Seseña, las numerosas y
arruinadas construcciones de Calatrava
, la expo del agua en Zaragoza, el circuito de Fórmula 1 de Valencia, la celebración de la Copa América, la Caja Mágica, las candidaturas olímpicas de la ciudad de Madrid… y estos son sólo algunos de los ejemplos de despilfarro más mediáticos por sus dimensiones económicas y sociales. En la wiki del movimiento 15M, podemos encontrar una recopilación de otros muchos gastos innecesarios y excesivos. Algunas de estas obras faraónicas además están relacionadas con tramas de corrupción, como es el caso del pabellón Palma Arena.

El (des)control de las cajas, el boom de la construcción y las redes clientelares regionales han creado un caldo de cultivo perfecto para la generalización de la corrupción política y empresarial. Estas redes han sido decisivas a la hora de dilatar la burbuja inmobiliaria y forzar su pinchazo.

[Fuente: eduardogarzon.net]

[Fuente: eduardogarzon.net]

Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿cumple España con los 3 condicionantes necesarios para declarar su deuda ilegitima?

La economía española ha basado su crecimiento durante su “época dorada” en aumentar descontroladamente su nivel de deuda. Muchos de los ejemplos de gasto desmedido enumerados anteriormente cuadran fácilmente y sin mayor análisis con los requisitos para considerar su financiación ilegítima. Ni respondían a una necesidad, ni se llevaron a cabo con la aprobación de quien finalmente ha soportado los costes, la ciudadanía

Los acreedores de la deuda pública, en un 95% entidades financieras nacionales y extranjeras, eran conscientes del estado de endeudamiento de las administraciones prestatarias y del uso que se iba a hacer de estos fondos. Además hay que tener en cuenta que el dinero prestado por estas entidades, lo han recibido a su vez del BCE, un organismo público, con tipos de interés extremadamente favorables.

Entre tanto, las arcas españolas han presupuestado para 2014 el pago de 37.000 millones de euros tan solo para liquidar intereses de deuda pública. Una deuda que alcanzará el 100% del PIB el año próximo (máximos históricos), en gran medida gracias al traspaso de deuda privada a deuda pública llevada a cabo por los gobiernos de Zapatero y Rajoy (en 2007 estaba en torno al 44%).

¿Qué hacemos?

El libro recientemente publicado “¿Qué hacemos con la deuda?”, nos ayuda a comprender el escenario real de crisis de deuda y las posibles soluciones a adoptar. En una interesante entrevista, Bibiana Medialdea, economista y coautora de este trabajo, defiende una auditoría ciudadana pormenorizada que nos permita diferenciar con la mayor exactitud posible la cantidad de deuda pública que se puede considerar odiosa. Aunque la casuística en este tipo de procesos es muy variada, según podemos leer en la entrevista, tendríamos algunas características comunes a todos ellos. En primer lugar, aunque resulte obvio, si se habla de impago, es porque la parte deudora no puede pagar.

Por otro lado, en función del acuerdo al que se llegue, el resultado del impago puede ser muy diferente. Y finalmente, como puntualizábamos en la primera parte del artículo, la correlación de fuerzas entre estados va a ser determinante en el reparto de pérdidas.
Comedor popular “Er Banco Güeno” situado en una antigua entidad financiera  [Fuente: anticapitalistes.net]

Comedor popular “Er Banco Güeno” situado en una antigua entidad financiera
[Fuente: anticapitalistes.net]

Una crisis de deuda siempre implica algún tipo de impago, por lo que aquello que estaría por decidir no es si se impaga o no, si no cómo se reparten las consecuencias de esas quitas. Además de auditorías a todos los niveles (desde local a nacional) que favorezcan una quita de deuda, Medialdea considera esencial una revisión de las políticas económicas emprendidas para salvar esta situación. El gobierno español ha centrado sus esfuerzos en cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la troika y en conservar los beneficios (o evitar las pérdidas) de las grandes corporaciones, en detrimento de los servicios sociales básicos y el crecimiento económico basado en la intervención del estado para fomentar la creación de empleo. Esta decisión nos ha sumergido en un bache económico aún más profundo, a la vez que ha despojado a la ciudadanía de su capacidad de decisión.

Aunque hubiese una voluntad política, los elevados niveles de deuda limitan considerablemente los alcances de las políticas económicas destinadas a la recuperación. Por esta razón, cada vez son más los agentes sociales que reclaman una auditoría ciudadana en España como la solución más justa. Movimientos ciudadanos de todo tipo, como ATTAC, 15MpaRato o la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, así como algunas organizaciones políticas, como Izquierda Unida o Compromís se han mostrado favorables a esta alternativa, y en muchos casos continúan presionando
para auditar la deuda pública y renegociar lo que corresponda. En el trasfondo de esta discusión está la cuestión de hasta qué punto las obligaciones de deudas contraídas por un estado han de ponerse por encima de la soberanía de su pueblo y el bienestar de las personas. Los ciudadanos deberíamos poder ser partícipes de las decisiones de gasto público, puesto que la administración del mismo representa una parte importante de la soberanía de la que
supuestamente disfrutamos.


Foto de portada: War of wealth bank run [Fuente: Wikipedia]

La clase política parasitaria

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La
imagen del pasado 25 de septiembre de los diputados parapetados tras un
dispositivo policial ridículamente desproporcionado, mientras decenas de miles
de manifestantes exigían un nuevo proceso constituyente para devolver al
congreso la soberanía del pueblo, es sintomática de la deriva que está tomando
la relación de la ciudadanía con sus representantes.


A los ciudadanos españoles no nos gustan nuestros políticos. No hace falta devanarse los sesos en exceso para darse cuenta de esta realidad.
La ciudadanía sencillamente no se siente representada por sus políticos.


Históricamente el pueblo español nunca ha demostrado mucha
simpatía por sus élites gobernantes, precisamente por su condición de élites y
por mirar por sus
propios intereses
más qué por los intereses públicos, pero los efectos de
la crisis están provocando una separación aún mayor.


Todo aquello a lo que impunemente se han dedicado los
políticos durante estas décadas de democracia -por no perder las costumbres de
las décadas pre democráticas- corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento
a costa del contribuyente, incluso con mayor intensidad actualmente, se les
está volviendo en contra a medida que la ciudadanía sufre las terribles
consecuencias derivadas de esta mal llamada crisis. Y a la hora de buscar un
culpable de esta crisis, todas las miradas apuntan a las elites políticas y
económicas. Aquellos quienes durante décadas han llenado sus bolsillos
llevándonos a esta situación.


Este se podría decir que es el pensamiento del ciudadano
medio independientemente del  espectro
ideológico al que se adscriban, generalizando indiscriminadamente por supuesto,
pero de alguna manera muy interiorizado en la imaginería colectiva de la clase
media baja, el grueso de población del país, y los que están sufriendo con más
intensidad los recortes y ajustes en servicios públicos y sociales.



Razones para pensar así no nos faltan, y en este contexto de
crisis las decisiones y medidas adoptadas los últimos años a favor del sector
privado, especialmente hacia los bancos, y en detrimento de los servicios
públicos, no ayudan precisamente a reducir esa distancia existente entre
ciudadanos y políticos.


[Foto: javiratio Flickr account]
El 25s como símbolo del rechazo a la
clase política.


La imagen del pasado 25 de septiembre de los diputados
parapetados tras un dispositivo policial ridículamente desproporcionado,
mientras decenas de miles de manifestantes exigían un nuevo proceso
constituyente para devolver al congreso la soberanía del pueblo, es sintomática
de la deriva que está tomando el asunto. Para más inri, a estas horas los
diputados estaban votando 3 propuestas importantes: una para el aprovechamiento
de los alimentos descartados por las grandes superficies, otra para la
racionalización y transparencia de las retribuciones de los cargos políticos
electos y una última relativa a la lucha contra el fraude fiscal. Las 3 fueron rechazadas. La segunda
propuesta sobre las retribuciones de los políticos tuvo solo 6 votos a favor.

Entre tanto, el poder adquisitivo ha caído a niveles de hace
27 años
, se baten records
de manifestaciones en las calles, y el gobierno ahora pide rescates para la
banca a la UE que tendremos que devolver los
ciudadanos
durante décadas.


Con este panorama no es de extrañar que en la última medición
sobre intención de voto de Metroscopia
la imagen tanto del gobierno como de la oposición resulte ser demoledoramente
negativa. La gran mayoría desaprueba la gestión de la crisis tanto por parte
del gobierno como de la oposición. El caso español parece, más que una
desconfianza en la política, una desafección
institucional
, esto es, una animadversión de los ciudadanos para con los
organismos que materializan la política y 
las personas que representan a estas instituciones.


La clase política española se gana la peor valoración ciudadana de la
historia de la democracia.


La desafección de los políticos es tanta, que hasta entre
las élites financieras, fielmente protegidas por las élites políticas, se
comienzan a oír voces que censuran la falta de movilidad
y de eficiencia. Se los empieza a considerar una carga demasiado pesada para
que el país despegue y se recupere del azote de la crisis. El sentimiento es
mutuo, los políticos tampoco se fían de las élites financieras.





[Foto: PPCYL Flickr account]


“Las élites extractivas”

El término proviene
de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, y con él describen en su
obra
“Por qué fracasan los países”
a las élites políticas y financieras que se
valen de las rentas del grueso de la población para encauzarlas hacia el
beneficio de unos pocos colectivos privilegiados en lugar de para crear riqueza
en pos del bienestar público.


En un reciente artículo en El País, Cesar
Molinas
propone una teoría de la clase política española haciendo uso de
este concepto. En él explica punto por punto cómo se ha llegado a la situación
en la que estamos y señala a la clase política como culpable de la misma. Estos
grupos cerrados que son los partidos políticos cuyas vías de financiación
presentan todo tipo de dudas, se han especializado en crear complejas redes y estructuras
de captación de fondos públicos para su propio beneficio (a través de
ayuntamientos, cajas de ahorros, las llamadas empresas del sector público…),
creando burbujas intencionadamente a su para que una vez que estallen, sus
consecuencias acaben recayendo sobre el contribuyente. Y de este tipo de élites
hay numerosos ejemplos
en España.


La teoría intenta responder preguntas clave como: “¿Cómo es posible que, tras cinco años de
iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de
lo que le está pasando a España?
”, “¿Cómo
es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo
plazo creíble para sacar a España de la crisis?
” o “¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la
mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el
emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino
masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?
” y aplica
brillantemente el modelo de Acemoglu y Robinson al panorama político español.


[Foto: PP Madrid Flickr account]

Las listas electorales cerradas y el consecuente sectarismo e
inmovilismo que ha estimulado en los partidos, la revitalización de los
caciques de provincias que se supieron aprovechar de la descentralización
provocada por el modelo de estado de autonomías, el control por parte de los
partidos de las cajas de ahorros, y su incursión en otros ámbitos ajenos a la
política como es el poder judicial o los organismos reguladores de las
distintas industrias, son el caldo de cultivo propicio la creación de una élite
parasitaria, que igual decide qué construir, como quién lo construye y a quién
se presta el dinero.


Las redes de enriquecimiento tejidas por la clase política están
saliendo a la luz, descubriéndose como uno de los principales factores
responsables de la crisis.


El resultado de este escenario es la creación de burbujas:
la más importante, la inmobiliaria, ya por todos conocida. Las recalificaciones
de las administraciones locales y los movimientos de las cajas de ahorros han
sido resultado de la acción directa de la clase política. Pero no ha sido la
única burbuja que ha dejado miles de millones de deuda después de llenar los
bolsillos de unos determinados colectivos. La “burbuja de las renovables”, dejándonos como herencia los precios
energéticos más altos de la UE y un déficit galopante que se va incrementando
año a año, o la “burbuja de las
infraestructuras innecesarias
” (también financiadas por las cajas de
ahorros), son algunos de los ejemplos más significativos de cómo la clase
política ha desarrollado redes de captación de rentas públicas para su propio
beneficio y el de las élites afines.


[Foto: EQUO_ Flickr account]

Una vez agotadas las fuentes de riqueza con el estallido de
las distintas burbujas, el esfuerzo político emprendido se ha centrado en la
defensa de su propia situación de privilegio. Este hecho resulta esclarecedor a
la hora de intentar responder las preguntas planteadas al principio. Realmente
la única finalidad de las élites extractivas es la de conservar a toda costa el
statu quo que les ha permitido enriquecerse. De hecho los millonarios españoles
no parecen estar sufriendo los efectos de los recortes, si no que han aumentado
sus fortunas
durante estos últimos años.



La renovación de la clase política a través de un sistema
electoral mayoritario de listas abiertas se ofrece como un principio de
solución para  superar el trago, de lo
contrario, anticipa Cesar Molinas, la vuelta a la peseta pasará a ser una
realidad más que probable.

La teoría evidentemente admite críticas,
ya que dibuja a las oligarquías financieras como poco menos que víctimas de los
manejes políticos, cuando son estas élites económicas las que presionan
para que las leyes se amolden a sus intereses, y defiende a ultranza un sistema
neoliberal y electoral parecido al estadounidense (con las ventajas y
desventajas que esto supone). Desde luego la tendencia a la desregulación del
sector financiero como también propone no parece una solución, sino más bien una
de las causas del origen la crisis global.



Pero su acierto reside en su sencillez y en la perfecta
adaptación de sus premisas a la realidad política española, así como su capacidad
para explicar los procesos que han generado la situación económica actual. 
Por supuesto como en toda generalización o teoría, no hay
lugar a excepciones individuales, pero nos cuesta encontrar ejemplos de
políticos de no se hayan visto envueltos en estas estructuras clientelistas y
que además no se hayan aprovechado de su funcionamiento, ya sea por acción o
por omisión.



La desafección de los ciudadanos para con los políticos se vuelve cada vez más explícita.

[Foto: Fotomovimiento Flickr account]
Los constantes casos que nos brinda a diario la prensa nacional
y extranjera no hacen sino constatar la naturaleza parasitaria de las élites
españolas. Como ciudadanos estamos observando como la clase política facilita
la evasión de impuestos a las grandes empresas y personalidades, parando
investigaciones incómodas e incentivando amnistías fiscales a las grandes
rentas, a costa de exprimir a las más pequeñas. Algunos de los mayores
defraudadores españoles resulta que son los propios
políticos
.


Entre tanto, las próximas reformas del código penal, parece
que se amoldan al comportamiento tipo de las élites extractivas, ya que entre
otras cosas criminaliza las ocupaciones pacificas e impone durísimas penas para
aquellos que por ejemplo, impidan pacíficamente el desalojo de una vivienda por
parte de un banco o movilicen a los ciudadanos mediante convocatorias en las
redes sociales. Por no hablar de la multa de 6 mil euros impuesta al único convocante
del 25s por “no garantizar la seguridad de la protesta”.


Los ejemplos de cómo los políticos se están dedicando
a mantener su 
statu quo a costa de los ciudadanos podrían llenar un almanaque,
por lo que no sorprende demasiado el desencanto general con la clase política y
sus actuaciones. Aún queda mucho camino por recorrer y las previsiones no son
las mejores. Desde este prisma, parece que la incontenible presión ciudadana
difícilmente tendrá una respuesta positiva entre las élites políticas. 





Esta es la versión completa de un artículo publicado originalmente en United Explanations el 29/10/2012.